Manifiesto por la liberación de la cultura
Cultura:
f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científi co,
industrial, en una época, grupo social, etc
(Diccionario de la Real Academia Española . Vigésima segunda edición, en línea)
Manifestamos,
que al calor de los resultados fruto del esfuerzo en la creación de contenidos
culturales, existe una fl oreciente industria de difusión y distribución de
dichos contenidos.
que la extrema vigencia temporal de los denominados “derechos de autor”
tal y como están establecidos en la actualidad representan una barrera a la
incorporación de la cultura al dominio público, bien común, en una época
histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta.
que desde determinadas organizaciones se viene incurriendo en un proceso
de demonización de la red de difusión, distribución e intercambio de
información más igualitaria jamás concebida, así como en un afán
recaudatorio injusto, abusivo y a todas luces excesivo.
que la mera edición impresa, o publicación de cualquier contenido
audiovisual disfruta de unos derechos de explotación comercial cuyo plazo
de duración, ampliado artifi cialmente, amenaza el ejercicio del derecho de
acceso universal a la cultura.
que la historia reciente muestra, con ejemplos como los logros obtenidos por
el software libre, que el poder creativo, intelectual y cultural de los inmensos
colectivos a que dan lugar las redes de telecomunicaciones no puede ser
despreciado.
que el acceso universal a la cultura benefi cia tanto al público como a los
creadores.
que nadie posee ni nuestros pensamientos, ni nuestras ideas.
Renegamos,
de los argumentos falaces que equiparan la cultura con la explotación
comercial, industrial o que la degrada a un mero elemento de consumo.
Reivindicamos,
que acorde a los tiempos, se garantice el acceso universal y la distribución
masiva, de forma libre y gratuita de todos los contenidos culturales propiedad
del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal.
que la sociedad, la industria y los autores busquen un nuevo modelo de
relaciones económicas que, en vez de constreñir el uso de las tecnologías de
la comunicación, potencie y se aproveche de su desarrollo y multiplique sus
benefi cios.
que este nuevo acuerdo entre los autores y el público garantice las
recompensas necesarias para incentivar la creación sin impedir la difusión
de la cultura.
La limitación temporal de los llamados “derechos de autor” en unos términos
más acordes con el derecho de acceso a la cultura reconocido por la
Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La recuperación de las funciones originariamente atribuidas al Ministerio de
Cultura en detrimento de la actual actitud de salvaguardia a la industria del
entretenimiento.
Exigimos a nuestros representantes y poderes públicos,
que lleven a cabo las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a
la práctica las reivindicaciones arriba expuestas tanto en el ámbito nacional,
como especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
e Invitamos a la ciudadanía a que haga suyo este
Manifiesto.
El derecho a pensar
Marta Peirano
(...)
El monopolio a perpetuidad de los editores mantenía un mercado de
ediciones limitadas y caras, por lo que el derecho a leer seguía estando
reservado a nobles y ricos que se las podían permitir. Esto convenía a la
corona tanto como a la Iglesia porque, como eran cuatro gatos, mantenían
un control directo sobre lo que se publicaba y lo que no, pero tenía sus
desventajas. El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés
en 1710, establecía un plazo de copyright de 14 años, renovable por un
máximo de 28 años si el autor seguía vivo. A partir de este momento, la
obra quedaba a disposición de cualquiera que pudiera reproducirla. Se hizo
de este modo para animar la creación y proteger la inversión del editor (que
pagaba al autor por los derechos sobre la obra), pero sobre todo para
facilitar el acceso a la cultura al mayor número posible de gente,
permitiendo la producción de ediciones baratas y asequibles al cabo de un
tiempo prudencial. Por primera vez se reconocía la necesidad de extender la
cultura a todos los rincones del reino. Leer ayuda a pensar, y pensar ayuda a
construir una economía más rica, variada y avanzada para la nación.
La primera Ley de Propiedad Intelectual llegó a España en 1762, y a
Alemania y Francia en 1791, después de la Revolución Francesa. Europa se
separó de la tradición anglosajona creando la fi gura del derecho de autor en
favor del creador sobre el editor. Cada sistema de reproducción mecánica ha
generado leyes que regulan su reproducción, cuya función es mantener la
tensión entre los intereses económicos del editor y la responsabilidad
gubernamental de favorecer el desarrollo cultural de sus países. En las
últimas décadas, sin embargo, los derechos de autor se han ido estirando
hasta los 70 años posteriores a la muerte del autor, llegando a los 100 años
en algunos países. Ese crecimiento en el derecho de explotación ha crecido
paralelo a los derechos mismos sobre las obras, que han pasado de lo literal
(la reproducción literal de un texto, una pintura o una canción) a lo
abstracto (la obra derivada del original o las ideas detrás del mismo). Las
grandes compañías editoriales y mediáticas, las grandes corporaciones de
software y las multinacionales del entretenimiento presionan, por medio de
lobbys, a sus respectivos gobiernos para que las leyes protejan un monopolio
cada vez más exclusivo y excluyente de la producción cultural. La tensión
entre los intereses editoriales y las necesidades de los ciudadanos se ha
perdido, devolviendo el privilegio de pensar a la aristocracia de nuestro
tiempo: las grandes corporaciones, los herederos y las sociedades de
derechos. Y tenemos buenas razones para creer que sus intereses son menos
elevados que los de los poetas griegos, los historiadores romanos o Dios.
(...)
Seguir leyendo.
f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científi co,
industrial, en una época, grupo social, etc
(Diccionario de la Real Academia Española . Vigésima segunda edición, en línea)
Manifestamos,
que al calor de los resultados fruto del esfuerzo en la creación de contenidos
culturales, existe una fl oreciente industria de difusión y distribución de
dichos contenidos.
que la extrema vigencia temporal de los denominados “derechos de autor”
tal y como están establecidos en la actualidad representan una barrera a la
incorporación de la cultura al dominio público, bien común, en una época
histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta.
que desde determinadas organizaciones se viene incurriendo en un proceso
de demonización de la red de difusión, distribución e intercambio de
información más igualitaria jamás concebida, así como en un afán
recaudatorio injusto, abusivo y a todas luces excesivo.
que la mera edición impresa, o publicación de cualquier contenido
audiovisual disfruta de unos derechos de explotación comercial cuyo plazo
de duración, ampliado artifi cialmente, amenaza el ejercicio del derecho de
acceso universal a la cultura.
que la historia reciente muestra, con ejemplos como los logros obtenidos por
el software libre, que el poder creativo, intelectual y cultural de los inmensos
colectivos a que dan lugar las redes de telecomunicaciones no puede ser
despreciado.
que el acceso universal a la cultura benefi cia tanto al público como a los
creadores.
que nadie posee ni nuestros pensamientos, ni nuestras ideas.
Renegamos,
de los argumentos falaces que equiparan la cultura con la explotación
comercial, industrial o que la degrada a un mero elemento de consumo.
Reivindicamos,
que acorde a los tiempos, se garantice el acceso universal y la distribución
masiva, de forma libre y gratuita de todos los contenidos culturales propiedad
del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal.
que la sociedad, la industria y los autores busquen un nuevo modelo de
relaciones económicas que, en vez de constreñir el uso de las tecnologías de
la comunicación, potencie y se aproveche de su desarrollo y multiplique sus
benefi cios.
que este nuevo acuerdo entre los autores y el público garantice las
recompensas necesarias para incentivar la creación sin impedir la difusión
de la cultura.
La limitación temporal de los llamados “derechos de autor” en unos términos
más acordes con el derecho de acceso a la cultura reconocido por la
Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La recuperación de las funciones originariamente atribuidas al Ministerio de
Cultura en detrimento de la actual actitud de salvaguardia a la industria del
entretenimiento.
Exigimos a nuestros representantes y poderes públicos,
que lleven a cabo las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a
la práctica las reivindicaciones arriba expuestas tanto en el ámbito nacional,
como especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
e Invitamos a la ciudadanía a que haga suyo este
Manifiesto.
El derecho a pensar
Marta Peirano
(...)
El monopolio a perpetuidad de los editores mantenía un mercado de
ediciones limitadas y caras, por lo que el derecho a leer seguía estando
reservado a nobles y ricos que se las podían permitir. Esto convenía a la
corona tanto como a la Iglesia porque, como eran cuatro gatos, mantenían
un control directo sobre lo que se publicaba y lo que no, pero tenía sus
desventajas. El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés
en 1710, establecía un plazo de copyright de 14 años, renovable por un
máximo de 28 años si el autor seguía vivo. A partir de este momento, la
obra quedaba a disposición de cualquiera que pudiera reproducirla. Se hizo
de este modo para animar la creación y proteger la inversión del editor (que
pagaba al autor por los derechos sobre la obra), pero sobre todo para
facilitar el acceso a la cultura al mayor número posible de gente,
permitiendo la producción de ediciones baratas y asequibles al cabo de un
tiempo prudencial. Por primera vez se reconocía la necesidad de extender la
cultura a todos los rincones del reino. Leer ayuda a pensar, y pensar ayuda a
construir una economía más rica, variada y avanzada para la nación.
La primera Ley de Propiedad Intelectual llegó a España en 1762, y a
Alemania y Francia en 1791, después de la Revolución Francesa. Europa se
separó de la tradición anglosajona creando la fi gura del derecho de autor en
favor del creador sobre el editor. Cada sistema de reproducción mecánica ha
generado leyes que regulan su reproducción, cuya función es mantener la
tensión entre los intereses económicos del editor y la responsabilidad
gubernamental de favorecer el desarrollo cultural de sus países. En las
últimas décadas, sin embargo, los derechos de autor se han ido estirando
hasta los 70 años posteriores a la muerte del autor, llegando a los 100 años
en algunos países. Ese crecimiento en el derecho de explotación ha crecido
paralelo a los derechos mismos sobre las obras, que han pasado de lo literal
(la reproducción literal de un texto, una pintura o una canción) a lo
abstracto (la obra derivada del original o las ideas detrás del mismo). Las
grandes compañías editoriales y mediáticas, las grandes corporaciones de
software y las multinacionales del entretenimiento presionan, por medio de
lobbys, a sus respectivos gobiernos para que las leyes protejan un monopolio
cada vez más exclusivo y excluyente de la producción cultural. La tensión
entre los intereses editoriales y las necesidades de los ciudadanos se ha
perdido, devolviendo el privilegio de pensar a la aristocracia de nuestro
tiempo: las grandes corporaciones, los herederos y las sociedades de
derechos. Y tenemos buenas razones para creer que sus intereses son menos
elevados que los de los poetas griegos, los historiadores romanos o Dios.
(...)
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